Con el objetivo de promover el análisis informado de los temas que impactan la vida pública y los derechos de la ciudadanía, la Universidad Iberoamericana León, a través de la Coordinación de Vinculación Institucional, realizó el pasado 25 de junio la conferencia en línea “¿Registro o no mi celular?”, impartida por la Mtra. Katya Morales Prado, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados del Estado de Guanajuato.
Durante su participación, la especialista egresada de esta casa de estudios, abordó el debate en torno al registro de líneas telefónicas móviles en México y los retos que implica conciliar la seguridad pública con la protección de los datos personales. Explicó que el combate a delitos como la extorsión telefónica constituye un fin legítimo del Estado; sin embargo, señaló que persisten cuestionamientos sobre la eficacia y proporcionalidad de las medidas de registro masivo de usuarias y usuarios.
La ponente hizo referencia a los antecedentes jurídicos de la reforma de 2021 y a los criterios analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de protección de datos. Destacó que una diferencia sustancial entre la propuesta de 2021 y la regulación actual es que la primera contemplaba la recopilación de datos biométricos, como huellas dactilares, iris y fotografías, mientras que el esquema vigente solicita documentos de identificación como INE, pasaporte o CURP, sin requerir biométricos. Asimismo, explicó que el modelo anterior preveía una base de datos centralizada, mientras que actualmente la información permanece bajo resguardo de las propias operadoras telefónicas.
Morales Prado también expuso la importancia de evaluar alternativas menos invasivas para la investigación de delitos y de fortalecer las garantías constitucionales relacionadas con la privacidad y el acceso a las telecomunicaciones. En este contexto, subrayó que la protección de la información personal y la existencia de mecanismos de control institucional son elementos fundamentales para preservar los derechos de la ciudadanía en un entorno cada vez más digitalizado.
La conferencia propició un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos que plantea la regulación tecnológica en un contexto donde la innovación avanza con rapidez y exige respuestas jurídicas equilibradas, centradas en la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de derecho.
