Ibero Sede del Foro de consulta pública organizados por el Congreso Local
La Ibero León fue sede del Primer Foro de Consulta Pública de la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas; convocado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado.
Según la Organización de las Naciones Unidas, el tráfico de personas es un proceso a través del cual seres humanos son reclutados y explotados para trabajo forzoso, doméstico, explotación sexual y tráfico de órganos, por personas que usan el engaño y otras formas de coerción para atraerles y controlarles.
Ante esta realidad la Ibero León manifestó su compromiso en sumarse a las acciones de las autoridades por trabajar en combatir este delito
"Este delito requiere una respuesta clara y contundente de los diferentes niveles de gobierno. Una respuesta basada en la asistencia y protección de las víctimas, la aplicación rigurosa de la justicia penal y el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan temas emergentes relacionados con la trata…", advirtió el Padre Marco Antonio Bran Flores, Rector de la Ibero León.
Durante el Foro de consulta estuvieron presentes los diputados, Felipe de Jesús Orozco García, Guadalupe Torres Rea, Juan José García López y Javier González Saavedra, miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado
Destacó la participación de la alumna Joanna Medina Lemus de sexto semestre de Derecho y miembro del Grupo de Derechos Humanos de la Ibero León, quién en su propuesta abordó la problemática de la explotación laboral y la violación a los derechos humanos de grupos vulnerables como jornaleros indígenas de Guerrero y migrantes centroamericanos en tránsito por nuestros país.
Se registraron 17 ponencias de organizaciones de la sociedad civil, abogados, estudiantes y ciudadanos interesados en el tema, en donde, de manera general, coincidieron en la necesidad de emprender y desplegar acciones para prevenir y combatir el delito de trata de personas, dar protección y asistencia a las víctimas; tramitar quejas sobre violaciones a sus derechos humanos, e impulsar la coordinación entre las instancias federales, locales y la sociedad civil.
