En el marco de la FIL, autoridades del Sistema Universitario Jesuita de México discutieron sobre la situación actual de la violencia en el país y el papel que deben jugar las instituciones de educación superior para contribuir a la solución.
La situación de violencia que predomina en México requiere que las universidades ofrezcan soluciones más allá del señalamiento de culpables, y que impulsen la deliberación social para definir lo que es mejor para todas las personas.
Durante la mesa de discusión “De la violencia a la construcción de la paz”, llevada a cabo el 2 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la directora general académica del ITESO, en representación del rector Alexander Zatyrka, SJ, aseguró que ante el abandono del Estado en la impartición de justicia, la universidad está llamada a generar conocimiento sobre las violencias, debatiendo y profundizando en el cómo, cuándo y por qué se ha perdido la posibilidad de una coordinación efectiva entre las instancias de gobierno y, con ello, el efecto regulador de la justicia.
“Estamos ante un Estado que ha claudicado en sus responsabilidades. Un Estado fallido (…). La universidad es el lugar privilegiado para brindar a la sociedad un espacio de reconciliación que puede ofrecer un diagnóstico puntual de lo que sucede a ese respecto en los lugares donde tiene presencia. Acciones que el ITESO realiza encaminadas a este fin se materializan en los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP), como las acciones en torno a la regeneración del espacio público y proyectos comunitarios de economía solidaria”, explicó.
Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector de la Ibero Ciudad de México, aseguró que en pocos años en el país se triplicó la tasa de homicidios. Además se optó por políticas de seguridad de mano dura y el número de violaciones a los derechos humanos fueron en aumento, así como la tortura, las ejecuciones arbitrarias y las desapariciones: “Muchas regiones y poblaciones del país han quedado atrapadas entre la violencia del crimen organizado y la violencia ejercida por el Estado, donde los sectores más empobrecidos han sido y siguen siendo los más afectados por esta violencia”.
Ante tal situación, señaló que las universidades jesuitas están obligadas a construir marcos de entendimiento sobre la violencia, que pongan en el centro a las personas que la padecen: “La doctora Rossana Reguillo nos recuerda con su trabajo que es indispensable romper este círculo de normalización de la violencia, pues la empatía con las víctimas puede construir la esperanza, y esto resuena con nuestra identidad jesuita”.
El también presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús de América Latina (Ausjal) resaltó que el desafío es formar estudiantes cuya realidad no les sea indiferente: “En el escenario de las próximas elecciones es indispensable exigir propuestas viables y concretas para enfrentar la violencia, así como posiciones claras para el papel que tendrán las fuerzas armadas en el marco de la estrategia integral para frenar la violencia y procurar la paz”.
“Nuestra apuesta desde las universidades jesuitas es la construcción de esperanza. Toca construir horizontes y para eso es indispensable la confianza en que el estado actual de violencia no es un destino inexorable”.
Para Luis Alfonso González Valencia, SJ, rector de la Ibero León, las instituciones de educación superior también tienen mucho qué hacer en el acompañamiento a las víctimas y en la construcción de propuestas que se conviertan en políticas públicas.
Mario Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, insistió en que a las escuelas de educación superior les corresponde formar jóvenes constructores de paz, ante las políticas de Estado fallidas que no han permitido arrancar un proceso de pacificación social.
Explicó que a partir de que Felipe Calderón, presidente de México de 2006 a 2012, declaró la guerra al narcotráfico han ocurrido 414 mil muertes relacionadas con el crimen organizado y que en los 10 años más recientes están registradas 90 mil personas como desaparecidas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la impunidad ante el delito es de 96 a 99 por ciento. Ante esto, agregó Patrón Sánchez, es necesaria una política integral de pacificación: “Una política que parta de una visión sistémica del estado y no solo de combate”.
“Las acciones hasta ahora no han sido suficientes, tendríamos que hablar de un proceso de fortalecimiento de aquellas instituciones que tienen la obligación de velar por la justica y la reparación del daño. La militarización en el país no es sostenible, ya que su presencia en territorios de conflicto no es permanente y ante la retirada de las fuerzas del ejército la violencia del crimen organizado vuelve a imperar”, recalcó.
