En el marco del Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre de 2019, las universidades que integramos el Sistema Universitario Jesuita (SUJ); el P. Leonel de los Santos León, SJ, asistente de lo Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez compartimos una vocación social y política orientada a responder ante los problemas que nos atañen como sociedad. Esto supone un análisis crítico de la realidad y el planteamiento de propuestas en un marco de diálogo respetuoso y abierto, poniendo nuestras capacidades y recursos al servicio de las necesidades y las problemáticas que nos aquejan.
Conforme a nuestra misión de promoción de la justicia, vemos en los derechos humanos un marco de convivencia social que pone al centro la dignidad de las personas. En nuestra perspectiva, la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y democrática pasa por hacer efectivos los derechos humanos. Por ello, desde hace décadas las universidades de la Compañía de Jesús han buscado incidir proactivamente en el fortalecimiento del sistema ombudsperson al tiempo que las obras sociales realizan su importante labor de denuncia y acompañamiento a víctimas.
Es por ello que, ante la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresamos nuestro pesar por el proceso de designación poco cuidado, y señalamos los retos que observamos para esta institución en medio de una crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos.
De manera inicial queremos señalar que, con base en sus atribuciones, expresadas en el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el peso de esta institución encargada de defender y promover los derechos fundamentales radica en su fuerza moral, de allí que, partiendo de un proceso de designación cuestionado jurídica, política y socialmente, su desafío sea múltiple: por una parte, demostrar transparencia, imparcialidad y autonomía frente al poder público, principalmente del Poder Ejecutivo a nivel federal y, por la otra, recuperar credibilidad y confianza institucional sin dejar de responder a los retos que enfrenta el país en la materia.
Las acciones iniciales de la nueva ombudsperson no han despejado las legítimas dudas planteadas en el debate público. Hasta el momento no existe claridad sobre los nombres que asumirán la titularidad de las áreas que tienen puestos directivos (visitadores/as generales, secretarios/as, directores/as) y que, junto con la titular de la Comisión, son fundamentales para garantizar un adecuado funcionamiento de este organismo autónomo. Por otro lado, aunque se anunciaron medidas de austeridad encomiables, falta precisar las acciones que se tomarán para preservar las áreas que funcionan adecuadamente. Por último, nada se ha dicho hasta ahora sobre la manera en que se enfrentará la renuncia de al menos cinco integrantes del Consejo Consultivo.
México enfrenta una crisis de derechos humanos que ha sido documentada tanto por las organizaciones de la sociedad civil, como por los órganos autónomos e instancias internacionales de derechos humanos.
Como es sabido, en los últimos años el Estado mexicano ha sido revisado prácticamente por todos los órganos de supervisión de tratados de las Naciones Unidas. También ha tenido visitas y múltiples pronunciamientos por parte de los llamados procedimientos especiales (relatorías y grupos de trabajo) así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tales instancias han expresado su preocupación por la violencia y la militarización de la seguridad así como por la recurrente impunidad frente a la comisión de graves violaciones a derechos humanos, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, la tortura, el desplazamiento forzado, la contaminación ambiental y la violación de otros derechos económicos, sociales y culturales; el incremento de las violencias de género contra mujeres, niñas e integrantes de la diversidad sexual; la violencia y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; las disputas por los territorios ancestrales de los pueblos indígenas; las violaciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes; la discriminación hacia personas con discapacidad y las violaciones cometidas en contextos de movilidad interna e internacional.
En nuestra opinión, las problemáticas enunciadas deberían ser, al menos, la agenda prioritaria de la titular de la CNDH, la cual debe ser consultada con diferentes actores, entre ellos las víctimas y la sociedad civil.
En este contexto, la CNDH debería adoptar medidas para que las autoridades correspondientes prevengan las violaciones a derechos humanos y las atiendan de forma inmediata para cesar su comisión, evitar su agravamiento y la comisión de daños de imposible reparación. Los pronunciamientos oportunos, las medidas cautelares, las visitas in situ (por ejemplo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) y los informes especiales pueden contribuir a ese fin.
Por otra parte, la CNDH se ha convertido en uno de los últimos reductos en la defensa de la constitucionalidad. Por ello, un desafío más para la CNDH es la vigilancia del proceso de adopción de leyes de carácter federal y estatal, para que, de forma oportuna y eficaz, interponga las acciones de inconstitucionalidad en contra de aquellas que vulneren los derechos humanos constitucionales y convencionales.
Un tema nodal radica en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH. La nueva titular del organismo enfrenta el reto de potenciar sus herramientas para garantizar que las recomendaciones sean aceptadas por las autoridades responsables.
Por otro lado, la CNDH debe acreditar su autonomía en los hechos. Es cierto que este desafío lo enfrentará respecto de casos y situaciones generadas en el pasado reciente, pero también es cierto que su reacción frente a eventuales violaciones a derechos humanos que se generen en esta administración, será la base sobre la que en última instancia será evaluada su independencia y su solvencia.
Finalmente, será clave la vinculación que mantenga la CNDH con los demás órganos que tienen algún mandato similar de promoción y protección de los derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil y particularmente con las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Hoy más que nunca México necesita y se merece instituciones que estén a la altura del contexto adverso en que nos encontramos. Por ello, hacemos un llamado a la ombudsperson para que asuma con responsabilidad y compromiso los retos mencionados, adoptando con autonomía, seriedad y hasta el máximo los recursos disponibles las medidas oportunas para investigar las violaciones a derechos humanos, a fin de que sirvan para garantizar la verdad y la reparación integral de los daños para las víctimas, así como la no repetición de hechos similares.
Dr. Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ
Rector de ITESO
Dr. Óscar Castro Soto
Director del Tecnológico del Valle de Chalco
Dr. Francisco Morfín Otero
Director del Instituto Superior Intercultural Ayuuk-Oaxaca
Mtro. David Fernández Dávalos, SJ
Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana
Mtro. Felipe Torres Espinosa, SJ
Rector de la Universidad Iberoamericana León
Mtro. Mario Patrón Sánchez
Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla
Mtro. Guillermo Prieto Salinas, SJ
Rector de la Universidad Iberoamericana Torreón
P. Leonel de los Santos León, SJ
Asistente de lo Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
Mtro. Santiago Aguirre
Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
