Los cabilderos de la Comisión Estudiantil de Análisis Legislativo -CEAL- de la Universidad Iberoamericana de León, propusieron a diputados locales la creación de un Registro estatal de deudores alimentarios.
Guanajuato es la tercera entidad del país con más denuncias ante ministerio público por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de enero a junio del 2019, la Fiscalía General del estado de Guanajuato abrió 970 carpetas de investigación; representa un incremento del 7.66% en comparación con las 901 que hubo en el mismo periodo del año anterior y del 92% contrastado con el 2017 cuando apenas se llegaba a las 505 denuncias, argumentan los cabilderos.
El 5 de noviembre 2019, los universitarios fueron recibidos por los legisladores que integran la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
La CEAL está integrada por los estudiantes de licenciatura en Derecho: Arturo Núñez Soto, presidente; Ana Sofía Collazo Moreno, secretaria; Jennifer Paola Velázquez Hurtado, vicepresidenta; Juan Manuel Cueva Torres, secretario; Natalia Aranda Moreno, vocal; Sofía Alejandra Peña Aguirre, vocal; por el estudiante de Relaciones Internacionales Alejandro Solchaga Pérez Abreu, prosecretario, y por el estudiante de maestría en Política y Gestión Pública Marcos Cecilio Vaquero Rul, vocal.
En su exposición de motivos, expresaron que: los alimentos como término jurídico son fundamentales para el pleno desarrollo del ser humano, prioritariamente cuando el acreedor es menor de 18 años. De acuerdo con el Código Civil para el estado de Guanajuato, los alimentos comprenden: comida, vestido, habitación, asistencia médica y educación (art. 362) proporcionando una medida de obligatoriedad para salvaguardar el bienestar del acreedor alimentario (art. 357).
El problema reside en que no existe un medio de coerción para obligar al deudor alimenticio a cumplir con su deber – en la práctica las personas dicen no poder pagar y llega a ser 0-; los estudiantes consideran que la vía penal "debe ser la excepción y el último de los casos, pues el deudor alimentario no puede dar cabal cumplimiento a su obligación si se encuentra privado de su libertad".
Por lo anterior, proponen la existencia de un Registro de Deudores Alimentarios en el Código Civil, que no sería público para no afectar el derecho a la vida privada.
Sugieren que al emitir la carta de libertad de gravamen y la licencia de conducir, se exija una carta de no adeudo de pensión alimentaria, lo que coadyuvaría a que los deudores cumplan con su obligación.
En la conformación de esta propuesta los integrantes de CEAL recibieron asesoría de los catedráticos: Mtra. Gabriela Naranjo Guevara, Lic. Juan Carlos Peña y el Dr. William Sánchez.
El registro estatal de deudores alimentarios ya existe en Estado Unidos de Norte América desde hace varios años y, en México, se implementa en Jalisco, Ciudad de México y Estado de México. En el caso de nuestro estado, los universitarios consideran que debe adaptarse a nuestro contexto social.
Los diputados locales Vanessa Sánchez Cordero, Alejandra Gutiérrez Campos, Jéssica Cabal Ceballos y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo se manifestaron abiertos a analizar el tema a profundidad. En el caso del legislador Ernesto Prieto se manifestó interesado en promover una iniciativa de reforma de ley.
Cabilderos comprometidos
Esta es la segunda propuesta de modificaciones de ley presentada por los cabilderos universitarios.
En agosto de 2018 impulsaron la tipificación en el Código Penal de la difusión de fotos o videos íntimos sin el consentimiento, realizaron una investigación que consistió en la aplicación de encuestas a más de mil estudiantes universitarios, con el objetivo de visibilizar esta problemática. Lo presentaron a los diputados de dos comisiones: Justicia y la comisión para la Igualdad de Género.
Tras diversas consultas y análisis de los legisladores, en mayo 2019 se dictaminó a favor y posteriormente se discutió y aprobó en el Pleno del Congreso. Finalmente se publicó en el Periódico Oficial en el decreto del día 19 de Junio del 2019 como reforma al Código Penal para el Estado de Guanajuato.
Y este 7 de noviembre, los diputados en Pleno aprobaron reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de combatir y prevenir la violencia digital.
