Hoy las instituciones que conformamos el Sistema Universitario Jesuita denunciamos la dinámica de violencia en la que está inmersa la sociedad mexicana, porque para transformar la realidad hay que entenderla y hay que nombrarla en su justa dimensión. Con el asesinato de Javier Campos Morales, S.J. y Joaquin César Mora Salazar, S.J. hemos sufrido en carne propia una tragedia que lamentablemente es una experiencia generalizada que en los últimos años han sufrido decenas de miles de mexicanas y mexicanos.
Frente a esa dimensión intolerable de la realidad, lo primero que exigimos es verdad. Al tratarse de un grupo de personas desaparecidas, las autoridades están obligadas a dar con su paradero, así como esclarecer cabalmente los hechos e identificar a los responsables de cara a las familias de las víctimas y a la sociedad mexicana en su conjunto.
Exigimos justicia a las autoridades de todos los niveles de responsabilidad y competencia. No es suficiente el ejercicio de medidas punitivas sobre los perpetradores materiales; es urgente un ejercicio de revisión y análisis desde una perspectiva de justicia y derechos humanos, que nos permita entender qué fue lo que generó el actual estado de descomposición en la región donde se suscitaron los hechos.
Exigimos reparación y medidas de no repetición. Demandamos a los tres niveles de gobierno seguridad para la comunidad de Cerocahui, así como el diseño de un plan de pacificación para esa la zona. Del mismo modo, pedimos la revisión, en términos estructurales del modelo de seguridad centrado en la militarización que está en curso en todo nuestro país, para poder construir un 1 plan integral de pacificación nacional de carácter civil, que involucre a los diversos actores políticos y niveles de gobierno.
En noviembre de 2018, ya como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de pacificación integrado por nueve medidas estructurales asociadas con la prevención, reconstrucción de los tejidos sociales y construcción de paz. A 4 años de distancia, hemos visto desvanecerse esas nueve propuestas y solo ha prevalecido la figura de la Guardia Nacional, un cuerpo policial militarizado, como única medida para pacificar el país. Hoy, con una cifra acumulada superior a las 120,000 personas fallecidas en lo que va del sexenio, tenemos que decir que la estrategia fracasó.
Como Sistema Universitario hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto para no normalizar la violencia. Somos un país de víctimas de la violencia: más de 100,000 personas desaparecidas, más de 300,000 víctimas de homicidios dolosos a causa de la mal llamada ‘guerra contra el crimen organizado’, más de 250,000 víctimas del desplazamiento forzado. Frente a una institucionalidad débil, corrompida y omisa que ha permitido el escándalo que supone esas cifras, nuestro llamado es a fortalecer la organicidad social.
Para ello, las universidades ponemos al servicio de la sociedad y del poder público nuestro acervo intelectual y nuestra autoridad institucional para la construcción conjunta de propuestas. No delegamos en exclusiva la responsabilidad al poder público como principal garante de la seguridad y la justicia, sino que aceptamos las responsabilidades que nos corresponden frente al reto que enfrenta nuestro país, desde un espíritu de diálogo y construcción de fraternidad. Nuestras universidades son ágoras abiertas para la discusión y la construcción de acuerdos, no somos instrumentos de polarización política y crispación social.
