El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En días pasados, los mexicanos fuimos testigos de un brutal acto de violencia en una escuela privada en la ciudad de Monterrey. Llenos de horror contemplamos los videos difundidos por las redes sociales y constatamos que la violencia armada en las escuelas es ya una realidad latente. Hay varios elementos preocupantes en este hecho. El primero implica la concepción y planeación del acto pues el muchacho definió el momento y los medios para realizarlo; el segundo tiene que ver con el evidente deterioro de las formas de convivencia en la sociedad en general y en la escuela como microcosmos y, el tercero se relaciona con la respuesta de la sociedad ante el fenómeno de la violencia tangible.
Los medios de comunicación dieron cuenta del hecho y dedicaron bastantes artículos y minutos a la presentación de análisis de sus comentaristas, así como a declaraciones de funcionarios públicos y conocedores del tema. Queda claro que se trata de un hecho influido por la cada vez más presente desvaloración de la vida humana y de los mecanismos de convivencia armónica. Sin entrar a detalles o particularidades que no vienen al caso, parece que las diferentes maneras de burla y hasta humillación entre compañeros de clase eran una constante, al igual que en muchas otras escuelas. Los mecanismos sutiles (y no tanto) de mostrar poder sobre otros están presentes en la vida cotidiana mexicana, donde la escuela deja de ser un lugar de refugio. De la misma manera en que se registran hechos violentos y abusos en la calle o los hogares, la escuela, es escenario de eventos equivalentes.
Distintos estudios y encuestas nacionales dan cuenta del deterioro en la convivencia en básicamente todos los ámbitos nacionales. Los estudiantes mexicanos están expuestos desde pequeños a episodios ríspidos en asuntos comunitarios irresueltos y la violencia intrafamiliar. Parece que las relaciones armónicas y la resolución productiva de conflictos están siendo eclipsados por la imposición de la voluntad de grupos o individuos sobre la de los demás, el autoritarismo y la agresión como modo de lograrlo.
Las respuestas de la sociedad y, especialmente, de las autoridades ante el problema han sido particularmente llamativas. A raíz de este dramático acontecimiento ocurrido en Monterrey se ha vuelto la mirada al Programa Nacional Escuela Segura de 2008 que formó parte de la estrategia nacional de seguridad de la administración federal 2006-2012 y que procuraba contribuir desde las escuelas a disminuir la violencia. Este mismo programa fue reformulado y relanzado en 2014 con nimios resultados. Igualmente se ha desempolvado el Programa Nacional de Convivencia Escolar, lanzado en diciembre de 2015, que había quedado prácticamente en el olvido. Por último, se ha vuelto a hablar del operativo Mochila Segura que propone la revisión de las pertenencias de los estudiantes al ingresar a la escuela para evitar que introduzcan elementos dañinos como armas, aerosoles o sustancias prohibidas.
Con relación a este operativo, reportes de prensa señalan cómo en distintas partes del país se ha retomado el asunto con el apoyo de efectivos policíacos. En Chiapas y la Ciudad de México se reaccionó desde el viernes 20 y se iniciaron revisiones de mochilas en diferentes escuelas (Excelsior, 2017). En el caso de la ciudad capital se asignaron 12 mil elementos policíacos para revisar los más de 8 mil centros educativos en los que se decomisaron algunas tijeras que traían unos pocos alumnos. En Chihuahua se usaron perros entrenados para la detección de narcóticos mientras que en Yucatán se encargó a los docentes que fuesen ellos quienes hicieran la revisión. El lunes 23 de enero en Chilpancingo, Guerrero, un grupo de funcionarios llegó a una secundaria técnica para realizar una revisión "simbólica" a las pertenencias de los alumnos. Esto se realizó con el apoyo de policías y sus perros entrenados que al detectar algo irregular procedían a una revisión a profundidad. El resultado del operativo fue la confiscación de una cajetilla de cigarros (El Sur, 2017). Por su parte, el Secretario de Educación dijo en un acto público que entendía que Mochila Segura no es "la solución completa" pero que sí es efectivo para que no entren armas a las escuelas y añadió "la idea es poderlo fortalecer, esa es la indicación del secretario de gobernación…y las autoridades sostendrán pláticas con gobernadores" (Excelsior, 2017). El gobernador de Nuevo León fue más allá y señaló que en su entidad se construirán cuatro preparatorias militarizadas para evitar que los muchachos anden en las calles e imponerles disciplina. Remató señalando que su entidad "no puede seguir perdiendo a sus jóvenes por rebeldes o porque sus padres no pueden con ellos" y de alguna manera responsabilizó a los padres llamándolos "alcahuetes".
Por otro lado, ha habido voces que señalan que este tipo de acciones no son efectivas. Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) declaró que este tipo de operativos devienen en violaciones a los derechos humanos de los alumnos y que realmente no contienen el problema de los objetos con que se puede ejercer la violencia y en cambio sí estigmatizan a los muchachos (La Jornada, 2017).
El análisis sobre el tema se ha centrado reactivamente en encontrar formas de acabar con la violencia y ha dejado de lado las causas de una pobre convivencia. En este marco, se ha omitido claramente la reflexión acerca de la naturalización de la violencia como mecanismo de control de los demás y, por el contrario, se ha privilegiado banalmente la discusión sobre el papel de las redes sociales como incitadoras. Numerosos mensajes han alertado a los padres acerca de la Legión Holk o la Secta 100tifika, entre otras agrupaciones juveniles en redes sociales creando una especie de reacción paranoica en la sociedad mexicana. Estas reacciones se centran en prohibir que los muchachos vean estas páginas y se liguen a estos grupos virtuales que pueden ser nocivos en sus actitudes y conductas.
Queda de manifiesto que ni los padres ni los maestros tenemos la capacidad de conocer y monitorear las actividades de los jóvenes. Igualmente se aparece en el panorama que es importante que sean los docentes y tutores quienes encuentren un mecanismo de acercamiento a los muchachos, una forma de comprenderlos y evitar estigmatizarlos. Es claro que estas maneras de acercarse a ellos deberán surgir de la comunidad educativa misma, de la comprensión local del fenómeno y no de una política centralista creada con fines de seguridad nacional. Ante este escenario se hace más relevante la relación entre los Consejos Escolares de Participación Social y los Consejos Técnicos Escolares. Un diálogo proactivo y contextualizado entre los actores de ambos consejos y un mayor margen de autonomía de gestión en las escuelas puede prosperar, en vez seguir una política homogénea y coercitiva que no da resultados, y por ende, se convierte en el germen del mismo problema. Ante esto cabe preguntarse: ¿cómo promover este diálogo entre actores?, ¿cómo aprovechar los espacios de gestión para desarrollar iniciativas locales que verdaderamente atiendan inquietudes de los jóvenes en un marco de confianza, seguridad y respeto? Y ¿están las autoridades educativas en capacidad de ceder estos espacios para la autonomía de las comunidades escolares?
Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia*
