El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
El futuro de la educación nacional está en juego. Ahora son tiempos electorales. A diversos sectores de la clase política les preocupan cosas diferentes. A unos, el futuro de las "reformas estructurales" (v.g. la continuidad de la reforma educativa, es decir, de la Ley General del Servicio Profesional Docente). A otros, la implementación del "modelo educativo" en la siguiente administración federal, particularmente en lo relacionado con los planes y programas de estudio, libros de texto y políticas de gestión intermedia. Otros más están –llanamente– ocupados en sus estrategias para alcanzar "el poder", sin que muestren aún sus cartas en relación con la educación del país.
Es urgente se ponga atención a una cuestión de naturaleza y alcance distintos: la desigualdad imperante en la sociedad mexicana que se traduce en un sinfín de desigualdades en el campo de la educación. Por una parte, la desigual distribución del ingreso de los hogares, incide en la asignación familiar de recursos a la escolarización de los hijos, basada, a la vez, en diferentes expectativas de movilidad social (ascenso o conservación de estatus). Por otra parte, el gasto público destinado a educación incide de manera diferencial según las características de los usuarios de los servicios educativos, dando lugar a la asignación de recursos a algunos sectores sociales, que pueden resultar inequitativas.
Sobre el primer asunto, hace 20 años Teresa Bracho (1997) mostró la crudeza de la cuestión: los sectores más pobres invierten poco en la educación. Pero, además, el gasto se incrementa de modo correlativo al nivel de ingresos de la población. Entre los sectores más pobres, sin embargo, el gasto en educación era prescindible, sobre todo en contextos de crisis económica. Los sectores ricos, en cambio, gastan muchos más recursos, enviando a sus hijos a instituciones particulares (ver tabla 1).
Los hogares en condición de mayor pobreza destinan menores recursos a la educación. La mayor parte de los hogares que destinan parte de sus ingresos a la educación lo hicieron sobre todo a la educación primaria. De modo decreciente, cada vez menor proporción de los hogares de los deciles I, II y III destinaron recursos a la educación secundaria, a la de bachillerato y a la de tipo superior (ver tabla 2). En contraste, los hogares del decil X destinaron la mayor proporción de su gasto a educación, pero representan la menor proporción de hogares que gastan en educación preescolar, primaria y secundaria, mientras son la mayor parte de aquellos que gastan en educación media superior y superior. De acuerdo con Bracho (1995), es probable que esa distribución de recursos se asocie con la escolaridad máxima que puedan alcanzar los hijos de los hogares de cada decil de ingresos, a principios de la década de 1990.
En años recientes, dos décadas más tarde, habiendo salido del impacto de las graves crisis económico-financieras que más afectaron el nivel de ingresos de los sectores pobres, también se expandieron los servicios educativos a los que dicha población ha tenido acceso. De modo consecuente, una mayor proporción de los recursos que la población de los quintiles I y II destina a educación se dedican a secundaria, a bachillerato e, incluso, aunque en menor cuantía, a educación superior. Sin duda, a ello contribuyen tanto las remesas de familiares migrantes en el extranjero como el mayor volumen de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), base de diferentes programas de política social dirigidos a los hogares (programas como Oportunidades y otros que enfatizaron la asignación de becas). Sin embargo, de acuerdo con los datos de la tabla 3, aparece un contraste novedoso: los sectores de más bajo nivel de ingresos (quintiles I y II) dedican una mayor proporción de sus recursos destinados a la educación que es obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) que los que destinan los de mayores ingresos (quintiles IV y V). En cambio, los hogares de quintiles III, IV y V dedican la mayor parte de los recursos destinados a educación a los estudios de bachillerato y educación superior.
Ciertamente, entre lo encontrado por Bracho (1997), con datos para 1992 y la información de la encuesta de INEGI, con datos para 2012, hay una sorprendente continuidad: los hogares de sectores pobres invierten muy poco en educación y la población con más ingresos gasta más en su educación. La novedad radica en que los sectores en condición de pobreza destinan crecientes recursos a la educación media superior y, aunque menores, también a la educación superior. La brecha persiste entre ambos sectores de ingresos, siendo que tal disparidad redunda en la reproducción estructural de las desigualdades en el acceso a diferentes oportunidades de escolarización. La cantidad de recursos que las familias destinan a la educación de sus hijos dice también de la distinta calidad de tales oportunidades educativas. Mientras las familias de menores ingresos destinan más recursos a estudios de bachillerato y de tipo superior (en escuelas públicas –como los Bachilleratos Comunitarios– o particulares –con programas semi-escolarizados o abiertos), la calidad de los mismos no es de ningún modo equiparable a los que pueden adquirir los sectores ricos (escuelas públicas muy selectivas, o escuelas privadas de elite o semi-élite).
Un problema que aparece es la forma en la que el Estado incide en ese proceso –de acceso desigual a servicios educativos de distinta calidad– a través de la asignación del gasto público a los diferentes niveles educativos y, desde la operación socio-espacial de éstos, a los distintos sectores de población según su nivel de ingreso. De acuerdo con los datos de la tabla 4, mientras el gasto público destinado a la educación primaria se distribuye con clara orientación compensatoria (mayor gasto entre los sectores de bajos ingresos, menor gasto entre los de mayores ingresos), no sucede lo mismo en el caso de la educación media superior. Mientras los sectores de menores ingresos destinan un volumen creciente de recursos privados, el estado destina la menor proporción de recursos públicos. Entre los sectores de mayores ingresos, destinan también más recursos, aunados a la mayor proporción de recursos públicos. Guardando las distancias, el mismo fenómeno sucede en el caso de la educación superior, aunque en este los sectores de altos ingresos reciben mayor proporción de recurso público. Los datos de la columna referida al gasto público en posgrado no amerita mayor comentario, pues es clara la falta de correspondencia entre la esperanza de vida escolar de los sectores sociales de menores ingresos y la mayor probabilidad de trayectorias escolares casi lineales "hasta el posgrado", entre la población de medianos y altos ingresos.
La distinta asignación de recursos públicos y privados a la educación de las nuevas generaciones conlleva tanto la naturalización del acceso a oportunidades educativas de muy diversa calidad como la legitimación de un ejercicio diferencial del derecho a la educación. En un contexto de universalización del acceso a la educación primaria, es claro que los costos de la expansión de la educación obligatoria implican tanto al gasto privado como al público, lo mismo debería proceder para la educación secundaria y media superior. Sin embargo, el mayor esfuerzo ha sido puesto del lado de los hogares de menores ingresos, quienes apuran sus escasos recursos en asegurar la continuidad escolar de sus hijos, en la medida en que los más estrechos caminos hacia el mercado de trabajo formal ponen ahora el bachillerato como mínimo de escolaridad para competir por un puesto ocupacional. Al mismo tiempo, los limitados recursos familiares se dedican a opciones escolares no reconocidas como de buena calidad –véanse comunicados previos de ODEJ relativos a la educación media superior. Lo que resulta paradójico es que la política de asignación de recursos públicos refuerce ese proceso y no al contrario, que compensara efectivamente la desigualdad social de origen.
No hay duda de que la desigualdad social, la pobreza y la diversa calidad de la educación son factores que deben atenderse con políticas públicas específicas para garantizar un igual derecho a la educación para todos los ciudadanos. Esta coyuntura actual nos obliga a cuestionar: ¿Cuáles son las prioridades de la política educativa para la agenda pública del próximo gobierno federal? ¿Qué lugar tiene la desigual e inequitativa asignación de gasto público en educación en las plataformas electorales de los partidos políticos? ¿Pueden los partidos políticos pronunciarse por la modificación de los criterios de asignación y gasto público en educación, para atender con mayor equidad a los sectores de población que no reciben una educación básica de buena calidad y que están excluidos de la educación media superior y de la superior?
Referencias
Bracho, T. (c. 1995) Gasto privado en educación. México, 1984-1992. México: CIDE, Cuadernos de Trabajo 21.
Bracho, T. y A. Zamudio (1997). El gasto privado en educación. México, 1992. RMIE. Vol. 2, núm. 4 pp. 323-347
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Distribución del gasto público en educación, 2013.
http://ciep.mx/distribucion-del-gasto-publico-en-educacion-2013/ onsultado: 7 de septiembre de 2017
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2013 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/engasto/2013/default.html
Consultado: 5 de septiembre de 2017
