La Universidad Iberoamericana León y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola CDIL presentan el resultado de la Investigación: Migración indígena jornalera a las zonas agrícolas de León Guanajuato: Análisis de acciones públicas 2019- 2020.
En nuestro país las y los jornaleros agrícolas cuyas vidas transcurren insertos en ciclos migratorios por distintos estados de México, están expuestos a múltiples abusos y violaciones a sus derechos humanos, pese a tener un marco regulatorio que establece sus derechos y las obligaciones del estado, destacó en su introducción la Mtra. Lorena Jiménez Quiñones, Responsable del Programa de Estudios sobre Migración de la Ibero León y moderadora de la presentación.
"Su condición se agudiza por su situación de movilidad, por pertenecer a un pueblo originario, por ser mujer, por ser niño, niña, adolescente, algunas personas han sido desplazadas obligadamente de su pueblo de origen por acciones del crimen organizado o situación de pobreza”. En el contexto de la pandemia miles de personas de pueblos originarios, jornaleros (as) y sus familias, arribaron a Guanajuato a realizar trabajo agrícola desde el mes de marzo, distribuidos entre 11 y 12 municipios.
La Ibero León y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola CDIL desde el año 2014, han documentado las violaciones a los derechos humanos que viven cientos de familias jornaleras agrícolas migrantes en su paso por Guanajuato.
El propósito de esta investigación, explicó la maestra Jiménez Quiñones es continuar el análisis y explicación de las acciones públicas que el gobierno municipal dirige a la atención de las familias jornaleras, en especial a los niños y niñas en León, Gto.
En la presentación participaron: Mayo Meza Trejo, coordinadora del CDIL, Fabiola Hernández. coordinadora del Programa de acompañamiento de jornaleros en el CDIL, Florencia Martínez, acompañante de personas jornaleras en el CDIL; Giovanna Battaglia, investigadora asociada de la Ibero León, Pedro Guzmán Gómez, investigador independiente y voluntario en el CDIL.
Como invitada participó Susana Cruickshank, presidenta de CECIG A.C., de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas quien destacó del informe: "Las políticas públicas que atienden a esta población, están muy alejadas de intentar atender su identidad cultural y específica de género y edad. No hay una escucha hacia ellas”.
El Informe aborda la criminalización del trabajo infantil, la gran problemática de la desnutrición de niños, niñas y adolescentes de familias jornaleras. La invisibilización del trabajo de las mujeres y las infancias.
Señala la ausencia de coordinación entre los estados de origen y los de destino para el seguimiento a la educación y a la salud de personas en movilidad.
Respecto a las acciones del estado, Cruickshank consideró que hay acciones útiles -pocas forman parte de programas-, pero no atienden la problemática más amplia. "La ausencia del Estado para brindar apoyos al arribo de los migrantes, dar servicios educativos, de salud, de vigilancia sanitaria, hacer cumplir derechos laborales”, también fueron resaltados.
Juan Martín Pérez García, Coordinador Regional de Tejiendo Redes e Infancia en América Latina y el Caribe, celebró que se haya usado en la investigación el método del desempaque "porque la metodología permite claramente colocar a las autoridades responsables, porque nos permite identificar las fragilidades del Estado mexicano, los mecanismos de incidencia”.
Esto que ustedes presentan, les dijo, es una especie de fotografía microscópica del estado Mexicano: lo que ustedes presentan es el Estado Mexicano retratado, sus fragilidades, la descoordinación, la ausencia del enfoque de derechos, funcionarias comprometidos que intentan hacer lo que pueden, la academia, la sociedad civil… Se trata de cubrir con algo, pero claramente esta descubierto lo central.
"También nos ayuda a identificar la presencia fuerte de los grupos criminales que están expulsando a los pueblos, además de la expulsión a través de la industria extractiva como la minera y otras que crecen con el aval de autoridades a cambio de moches… en conclusión, tenemos momentos muy críticos”, alertó el especialista.
En Pandemia todo empeora
Al estado de Guanajuato, año con año, arriban cientos de familias de pueblos originarios, que provienen de municipios como Atlixtac, Tlalixtaquilla, José Joaquín de Herrera, Cochoapa el Grande, Tlacochistlahuaca, Metlatonoc, Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero, de la mixteca de Oaxaca y de otros municipios en Veracruz, para emplearse como jornaleros y jornaleras en campos agrícolas de diferentes municipios: Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Silao, Romita, San Francisco del Rincón, León y Dolores Hidalgo, señala el informe.
En los comentarios, los investigadores advirtieron la necesidad de que desde el gobierno estatal se realice un censo. A través de los apoyos del gobierno municipal entregados en León el año pasado (2020), se contabilizaron 1,100 jornaleros, sin embargo en el mismo año -de marzo a agosto-, los empleadores estimaron que arribaron de 2 mil a 3 mil, identificaron un incremento en el número de jornaleros, respecto a otros años, porque la actividad agrícola se catalogó como prioritaria por lo que los indígenas siguieron trabajando con las deficiencias señaladas y sumado a éstas el riesgo por el COVID.
"Por la falta de información entre la población jornalera, las familias no tomaron ninguna medida sanitaria en el trabajo, hogar y en la comunidad. Migraron a distintos estados de la república, viajaban en camiones conviviendo con muchas personas, expuestos a contagios por COVID-19”, señala el reporte.
Conclusiones
En sus conclusiones, los investigadores advierten que "se sigue observando a las familias jornaleras como quién requiere apoyo y no como personas titulares de derechos, lo que implica entonces generar mecanismos de información, participación y consulta sobre las decisiones que les implican”.
"Identificamos que es clave cambiar esta práctica poniendo énfasis en las infancias y adolescencias, es esencial colocar la base de derechos humanos en las acciones públicas más allá de los discursos o voluntades individuales de personas aliadas, sabemos que existen y cada año buscan brindar atención a las personas. Pensar en que las acciones tienen de base un enfoque de derechos, tendría que ser entonces una ruta para que las autoridades en el marco de sus competencias no solo atiendan, sino que generen condiciones para que las personas tengan acceso a estos derechos”.
La presentación en Facebook de la Biblioteca Jorge Vértiz Campero SJ:https://fb.watch/8-Wn5SJVmU/
